Autor del archivo de: jgoudi

Construyendo guerra desde los países de origen hasta las puertas de Europa.

Ponente: Helena Maleno Garzón

Investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos, periodista y activista en el colectivo Caminando Fronteras.

Los espacios de “no derecho” que se construyen en las fronteras europeas permiten, entre otras acciones, dejar ahogarse a personas que piden auxilio en una patera, no prestar asistencia a gente malherida en las vallas, y abandonar a seres humanos en el desierto. Todo ello justificado por la primacía de la soberanía territorial de Europa.

En los comienzos del siglo XXI la política europea respecto al control del territorio va derivando a desarrollar el concepto de frontera como entidad más allá de los límites entre estados. Se avanza hacia la construcción de un espacio categorizado con reglas propias: las fronteras como espacios jurídicos y políticos que están separadas de las leyes del resto del territorio.

Son zonas donde Europa puede aplicar políticas diferenciadas y alejadas de los derechos humanos. Son contextos de “no derecho” donde la primacía legal es ejercida por el control migratorio y los acuerdos bilaterales con terceros países.

Como resultado de la aplicación de esas políticas de control se ha incrementado el poder de la industria de la seguridad de fronteras, gestionada cada vez más por empresas vinculadas a la venta de armamento y la industria de la guerra. Safran, Finmeccanica, Thales, Indra y Airbus, se han convertido en los nuevos lobbys empresariales que influyen en la construcción de los espacios de no derecho, configurando lo que podemos calificar como una “guerra de fronteras¹”.

Las políticas europeas respecto a las fronteras han ido acompañadas de un discurso esgrimido ante la ciudadanía que ha girado hacia la construcción de un imaginario sobre los movimientos de personas que está directamente relacionado con la cuestión de la seguridad.

En el proceso de llenar de significado bélico el espacio fronterizo, los políticos a través del uso interesado de los medios de comunicación han dirigido discursos enfocados a crear un clima de “invasión” alrededor del movimiento de personas y a dibujar una realidad de masas incontroladas que entrarían en avalancha en territorios europeos donde ya no cabe más gente.

Europa ha normalizado la violencia y ha diseminado mensajes donde las fronteras son espacios de excepción, y que lo en esos contextos sucede es debido a una situación extraordinaria vinculada a la seguridad del territorio.

Las fronteras como espacios de guerra, pero también como lugares donde se construye la nueva esclavitud del siglo XXI.

La falta de derecho a la libre circulación ha sido caldo de cultivo para otros negocios vinculados con grupos criminales transnacionales, relacionados con el tráfico pero sobre todo con la trata de seres humanos. Estos se han visto beneficiados por la militarización del control migratorio.

En una Europa en crisis económica con un descenso en los derechos de las personas trabajadoras, las personas en movimiento ya no sólo son mano de obra barata, sino que forman parte de una nueva esclavitud con distintos fines demandada por los mercados europeos.

El bloqueo del derecho al movimiento ha sido tan beneficioso para los lobbys empresariales vinculados con la industria de la guerra y para los grupos criminales, que estas políticas de estrategia del control del movimiento ya no tienen sólo aplicación en los países de destino y tránsito, sino que se desplaza hacia los países de origen. Europa, desde el año 2015, tiene como nueva estrategia en su política de control firmar acuerdos con los países de origen² que criminalicen a las personas que salen de sus territorios³ y que permitan las deportaciones desde Europa.

Estrategias militares en los espacios de no derecho (fronteras).

Técnicas de vigilancia al servicio de la facilitación de las expulsiones selectivas de los espacios de no derecho. Devoluciones en caliente (push-back).

Las técnicas de vigilancia, como el sistema SIVE, o las operaciones FRONTEX, son puestas al servicio de conseguir expulsiones hacia los terceros países desde donde se inicia el cruce hacia Europa. Uno de los elementos estrella de estas políticas han sido las devoluciones en caliente⁴, que sobre todo han funcionado en la frontera española con Marruecos y que han inspirado, entre otros, el acuerdo de la UE con Turquía.

Consiste en devolver a países terceros a través de diferentes prácticas que ponen el riesgo el derecho a la vida a las personas que se mueven. Las expulsiones se hacen sin procedimientos administrativos individualizados, de forma indiscriminada, y hacia países que no garantizan el respeto a los derechos fundamentales de las personas⁵.

Detenciones selectivas e indiscriminadas en los accesos.

Europa muestra a la ciudadanía que toda la política desarrollada en las zonas de no derecho está destinada a la lucha contra las mafias. Para hacer efectiva esta lucha se detiene de forma sistemática y selectiva a personas que cruzan por distintos medios la frontera. En muchas de las ocasiones estas personas no tienen relación con los delitos que se les imputan, porque las redes criminales no se exponen en los espacios de no derecho.

En muchas ocasiones se detienen a personas inocentes que son usados como cebo por las redes.

Invisibilización de las víctimas de la violencia en las fronteras.

No establece Europa una búsqueda pro-activa de personas desaparecidas, y no se facilita de forma oficial el acceso a la información de los familiares de las tragedias.

Tratamiento de control a las víctimas/supervivientes de las fronteras.

No se protege el derecho a la reparación y justicia para las víctimas supervivientes de la violencia en las zonas de no derecho. Se les aplican procedimientos de control y de extranjería, y no protocolos de asistencia a víctimas de tragedias.

Estrategias militares en los estados del tránsito y del origen de las personas en movimiento.

Los estados europeos han ido consolidando una estrategia política respecto a sus fronteras basada en la externalización⁶ a estados cinturón.

La externalización de fronteras permite que la violencia de la seguridad europea se produzca por efecto de nuestras políticas, pero fuera del territorio de las “democracias” europeas.

Los estados cinturón de la militarización europea, también espacios de tránsito, convierten la cuestión migratoria, a las personas que se mueven, en un elemento de presión política y económica. Así el control del movimiento, no se pliega a las lógicas de las Leyes Internacionales sino a la situación de las relaciones bilaterales, enmarcadas en un glosario de intereses económicos y geoestratégicos.

Europa promociona el desarrollo de leyes de extranjería en los países del tránsito migratorio.

Las políticas europeas han fomentado en los países del tránsito de las personas que se mueven la aplicación de leyes de extranjería basadas en la criminalización del derecho al movimiento, desde la entrada irregular en el país hasta la salida del mismo⁷⁸.

Utilización de la Cooperación al Desarrollo como instrumento de negociación para implementar en origen y tránsito políticas de control del derecho al movimiento⁹.

Estrategias militares de control de las personas que se mueven en los países de tránsito¹⁰.

Implementación de redadas militares indiscriminadas en los asentamientos de personas migrantes, en zonas de bosque pero también en ciudades.

Alejamiento de las poblaciones en movimiento de las zonas de frontera, lo que provoca la aplicación de derechos diferenciados para personas migrantes en diferentes zonas de los países de tránsito.

Expulsiones colectivas sin garantías a otros países fronterizos, con el objetivo de alejarles de las fronteras europeas.

Desplazamientos forzosos colectivos sin garantías dentro de los países del tránsito.

Construcción de Centros de Detención financiados por la Unión Europa y donde no existen garantías al respeto a derechos fundamentales. En los situados en Libia incluso se dan secuestros, que deben ser pagados por las familias en los países de origen para ser liberados¹¹.

No son personas las que transitan por los espacios de “no derecho”.

El impacto que estas políticas tienen sobre la vulneración de los derechos las personas que se mueven ha aumentado en la última década, llegando a afectar de forma importante al derecho a la vida.

La construcción de los espacios de no derecho han ido acompañados de la victimización, criminalización y cosificación de las personas en movimiento. Eso ha formado parte del proceso para despojarles de su condición de personas.

Es por ello que ni ellas ni sus familias tienen derechos reconocidos y por ende, los estados europeos se eximen de responsabilidad ante la violencia que ejercen contra las víctimas y supervivientes de la guerra de las fronteras.

La criminalización ha permitido que las políticas europeas justifiquen la vulneración de derechos fundamentales como estrategia de lucha contra las mafias. Aunque en estos años de militarización ha habido un aumento exponencial de las redes criminales que coexisten y se retroalimentan de la industria del control. Sobre todo, el aumento de redes de Trata de Seres Humanos que aprovechan la oportunidad del control para postularse como “estrategia migratoria”, y que existen por efecto de la demanda que hace el mercado europeo de esclavas para distintos fines¹².

Así, las redes presentan una alta capacidad de adaptación a la permeabilidad económica de las fronteras, respondiendo a una demanda de esclavitud en mercados europeos que está altamente feminizada.

El entender a las personas como mercancías gestionadas por las redes y demandadas por el mercado ha hecho el fomento de la “cosificación”. Esta afecta de forma importante a las mujeres, niñas y adolescentes, que transitan por los espacios de no derecho como mercancías demandadas en los mercados de explotación europeos, sobre todo en el sexual, pero también en el servicio doméstico, como correos de la droga y para el tráfico de órganos.

La victimización forma parte también del entramado de la violencia de las fronteras. Las políticas europeas utilizan sobre todo este enfoque cuando hablamos de mujeres y de infancia migrante, poniendo de nuevo el foco en las mafias como las únicas responsables de violaciones de derechos. Pero lo más grave es que Europa no dispone de instrumentos para que las mujeres y la infancia en movimiento puedan acceder a una recuperación integral de sus derechos vulnerados. En este sentido, son estos colectivos instrumentalizados por las políticas europeas para mantener la militarización, pero sin ofrecer alternativas reales a su protección.

Invisibilizando de esta forma la violencia institucional ejercida en el control migratorio sobre personas que han sufrido ya violaciones de sus derechos. Las mujeres, niñas y adolescentes refieren la violencia sexual a la que son sometidas por una construcción patriarcal que también se reproduce en las poblaciones en movimiento, y en la construcción del control de fronteras. Los espacios de no derecho permiten violencia sexual ejercida contra mujeres e infancia en movimiento, que es también perpetrada por representantes de fuerzas de seguridad encargados del control.

Sobre todo las víctimas/supervivientes de la Trata de Seres humanos, trata, en su mayoría mujeres e infancia, han sido víctimas de violencia económica, psicológica, física y sexual, en espacios sociales fuera del control de las redes. Las redes de trata se convierten en muchos casos en espacios de violencia que mitigan los otros espacios, considerándose un “refugio y una estrategia para sobrevivir” en unos espacios cuyos derechos son muy limitados.

Las personas que se mueven, pero sobre todo las mujeres, la infancia¹³ y personas LGTBIQ+, diferencian entre la violencia en espacios privados, que es aquella relacionada con las posiciones de poder, con el patriarcado, con las redes de trata. Pero también hacen mención a la violencia en espacios públicos, generada por las estrategias de control de fronteras, y que es ejercida por agentes estatales y está directamente relacionada con la violencia de los espacios privados.

La violencia en los espacios públicos es tal que las víctimas/supervivientes no disponen de los instrumentos para denunciar la violencia en los espacios privados.

¿Cómo empoderar construcciones de resistencia a la guerra de las fronteras?

Las propias comunidades en movimiento se han acostumbrado a asumir la violencia institucional como “parte inherente al movimiento”. Las personas que se mueven sobreviven a través de construcción de procesos de ciudadanía, aunque ellos sean temporales.

Las comunidades saben que las políticas del control afectan directamente a su derecho a la vida. Por ello establecen sistemas de protección basados en la información y la búsqueda de estrategias diferenciadas para no morir en los países en tránsito o en los espacios de no derecho. Incluso para que minimizar el impacto que las políticas europeas tienen en sus derechos.

Construyen redes para alertar sobre personas desaparecidas o muertas en las fronteras. Se les pone nombre, y se alerta a las familias para que puedan efectuar un duelo aunque no existan datos oficiales por parte de las autoridades europeas. 

Las personas que se mueven también denuncian la utilización del término migrante económico como herramienta de represión, cuando la pobreza también es una violencia del sistema. Las mujeres, la infancia, y las personas LGTBIQ+ esgrimen una búsqueda de derechos en su decisión de moverse.

Entienden estos colectivos que sus cuerpos se convierten en espacios de violencia, sobre todo sexual, y también en un instrumento de poder y de intercambio dentro de las fronteras y del tránsito.

Tras pasar estos lugares también entienden que en territorio europeo les espera el tránsito de la explotación, pero entienden que será provisional y que esta explotación les permitirá a largo plazo ejercer derechos para ellas y sus hijas e hijos.

Las mujeres y adolescentes víctimas de la violencia de las fronteras son conscientes de que su supervivencia depende de las estrategias ligadas al género y que en la frontera son una mercancía más de las que transita por ella. A muchas les preocupa sobre todo sus hijas que crecen en esos espacios donde el cuerpo de las mujeres es mercancía.

Pero las huellas de la violencia están presentes en estos colectivos a través de sentimientos de culpa, miedo, sumisión, baja autoestima, que se somatizan, en la mayoría de los casos, a través de dolores corporales y pesadillas.

La mayoría de los procesos de reisilencia y reparación se construyen de forma individual o dentro de las comunidades en movimiento, siendo Europa incapaz de construir procesos de verdad, reparación y justicia para las personas cuyos derechos fueron vulnerados en los espacios de las fronteras.

Las denuncias legales sobre las violencias de las fronteras no prosperan. Los juzgados pertinentes de cada zona han cerrado los procedimientos judiciales, incluso cuando se han aportado pruebas documentales suficientes. Esa normalización de la violencia no sólo ha afectado a la ciudadanía, a los procesos de reparación, sino también a la judicatura, que ha entendido que no debe intervenir en la “guerra de las fronteras”.

Obtener justicia en los espacios de no derecho es prácticamente imposible, y esa posibilidad es inexistente cuando hablamos de la responsabilidad europea en las violaciones de derechos en países terceros.

Algunas de las violencias han sido incluso “legalizadas” en una utilización perversa del sistema judicial. Un ejemplo claro son las “devoluciones en caliente” en la frontera española y marroquí.

 Las víctimas/supervivientes temen sufrir represalias incluso desde los países de acogida. También dicen no ser escuchados o creídos por las autoridades, ni tener presencia en los procedimientos judiciales.

En los procesos las personas que se mueven no están suficientemente apoyadas y protegidas como para lanzar denuncias judiciales. Los procedimientos duran largos períodos de tiempo, y la persona aún no tiene una estabilidad para asumir hacer frente a la revictimización que supone estar expuesto a contar las situaciones de violencia sufridas.

Incluso cuando hablamos de personas en situación de esclavitud en Europa, como las víctimas de la Trata, los procedimientos de reparación, protección y denuncia, son débiles. Siguen siendo visibilizadas durante la explotación en territorio europeo como “migrantes”, “putas”, “negras”, “pobres”, lo que afecta de forma importante a la reintegración de todos sus derechos.

La violencia de las fronteras tiene un impacto más allá de las víctimas/supervivientes. Las muertes y desapariciones de personas que se mueven tienen un impacto psico-social en las familias, pero también en las comunidades de origen.

Las familias además, pueden sufrir problemas sociales, jurídicos y económicos, convirtiéndoles en víctimas de las políticas de las fronteras, que vienen directamente causados por la desaparición de sus seres queridos.

Las desapariciones masivas de personas en tragedias múltiples en las zonas de frontera han tenido efecto también en las comunidades de origen. Pueblos enteros que perdieron a familiares y que no entraron en procesos de verdad, reparación y justicia.

Todo este proceso de negación de la reparación ha sido también una tortura y un maltrato para los familiares.

Las familias no están en la posición de pedir justicia, puesto que hablamos de poblaciones en movimiento, con situaciones administrativas que no permiten el acceso a derechos. Que tienen dificultades para acceder a información oficial, y que se les reconozca como víctimas de la violencia de las fronteras.

Por todo lo expuesto en estas páginas, es importante:

• Apoyar los procesos de búsqueda de verdad, reparación y justicia, comenzados por las víctimas/supervivientes de la guerra de las fronteras, familiares y comunidades de origen.

• Generar espacios donde las víctimas/supervivientes, familiares, y comunidades de origen de la guerra de las fronteras sean protagonistas.

• Reflexionar sobre los conceptos de verdad, reparación y justicia, y cuáles son los instrumentos que ayuden a dar pasos para la consecución de los mismos.

• Poner en la agenda mediática la guerra de las fronteras, los lobbys empresariales que están tras las políticas de las fronteras, y su connivencia y retroalimentación con las redes que generan esclavitud.