Crímenes contra la humanidad en las fronteras europeas: Conclusión de la Audiencia de Barcelona del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Espacios de “No Derecho”

Barcelona, 12 de julio de 208.- La tercera Audiencia de la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la violación con impunidad de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas tuvo lugar el 29, 30 de junio y 1 de julio en Barcelona. Tras examinar casos de violaciones de derechos humanos en los ejes de Género y diversidad Sexual, Menores y Jóvenes y Frontera Sur, presentados por organizaciones de personas migrantes y refugiadas, organizaciones activas en la solidaridad y centros de investigación, las conclusiones de las seis juezas del Tribunal son contundentes: en las fronteras europeas se están cometiendo crímenes contra la humanidad. Los responsables son tanto la Unión Europea como los Estados Miembros, con el agravante de que existe una estrategia de no-reconocimiento de los hechos y de garantía de la impunidad para los responsables individuales e institucionales.

La Audiencia sobre Espacios de “No Derecho” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fue convocada y preparada por decenas de organizaciones de personas migrantes y refugiadas y otras organizaciones de la sociedad civil y contó con la presencia de un jurado únicamente compuesto por mujeres, expertas de reconocimiento estatal e internacional: Teresa Almeida, Bridget Anderson, Marina Forti, Patricia Orejudo, Laia Serra y Stasa Zajovic.

El 29 de junio, la Audiencia fue inaugurada contando con la presencia del Ayuntamiento de Barcelona (Jaume Asens, Tercer Teniente de Alcaldía y M. Dolores López, Comisionada de inmigración, interculturalidad y diversidad), así como de representantes de las organizaciones convocantes a nivel internacional (Jille Belisario del Transnational Migrant Platform Europe y Federico Pacheco de la Coordinación Europea de La Vía Campesina). También intervinieron Lamine Sarr por parte del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y de la Tancada Migrant de Barcelona, Gianni Tognoni, Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos y Brid Brennan, del Transnational Institute. Jaume Asens afirmó que “las 100 personas muertas hoy en el mediterráneo nos señalan una fosa común, nos señalan responsabilidades políticas en un contexto de crisis de los Derechos Humanos». Lamine Sarr recordó que las personas migrantes tienen muchas más dificultades para cruzar las fronteras que las propias mercancías. A su vez, Federico Pacheco observó que “el discurso que justifica el racismo y el colonialismo es llevado a cabo por todos los países de la Unión Europea, justificando medidas que buscan mecanismos de expulsión más eficaces, mientras Europa viola la ley internacional dejando morir gente en el mar». Por su parte, Jille Belisario resaltó que con la Sesión «se busca avanzar hacia el reconocimiento de la humanidad y de la dignidad las personas migrantes y refugiadas, pero además visibilizar su participación como sujetos de pleno derecho en la elaboración de las alternativas hacia una sociedad más justa». Brid Brennan remarcó que «estas audiencias del TPP han desarrollado un gran espacio de encuentro entre personas migrantes y refugiadas que son en sí mismas agentes políticos transnacionales y que nos traen el reto de construir nuevas solidaridades desde dentro de la Europa Fortaleza»

La introducción de la Audiencia estuvo a cargo de Juan Hernández Zubizarreta y Beatriz Plaza, los cuales vincularon los elementos esenciales de la Acusación General establecida en 2017, con los ejes de la Audiencia de Barcelona (Género y diversidad sexual, Menores y Jóvenes y Frontera Sur). En particular denunciaron a la Ley española de Extranjería y a la Ley de Seguridad Ciudadana que criminalizan a las personas migrantes. Resaltaron además la necropolítica europea, al centro de la violación con impunidad de los derechos, y que consiste en dejar morir a las personas. A su vez, el Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos recordó el proceso de la Sesión del TPP, observando que en las Audiencias anteriores (Palermo, diciembre de 2017 y París, enero de 2018), se logró la documentación y calificación jurídica de las políticas europeas. Afirmó que las muertes causadas por la necropolítica europea son el resultado de una guerra que la Unión Europea y los países Miembros han declarado a las personas migrantes y refugiadas, y que los acuerdos de los gobiernos europeos están creando un derecho paralelo que viola los tratados internacionales y consolida auténticos crímenes de sistema.

En el Eje sobre Género y Diversidad Sexual que fue introducido por Carmen Miguel Juan, los casos fueron preparados y presentados por Ca la Dona, Entrepobles, Mujeres migrantes diversas, ACATHI, Stop Maremortum, Yo sí sanidad universal/PASUCAT, No muri No recinti, Women’s Link, Casa Delle Donne, Non Una di Meno Genova, APDHA, KASAPI & MELISSA-Grecia, Waling-Waling Campaign for Rights of Migrant Domestic Workers-UK, Women in Exile, Centro Filipino de Barcelona, Mujeres pa’lante, Alianza contra la Pobreza Energética, Unitat Contra el Feixsme i el Racisme (UCFR). Desde el marco establecido en la introducción en la que se expresaba hasta qué punto las legislaciones sobre migración y refugio son «ciegas al género», se desplegaron una serie de consecuencias en forma de vulneraciones específicas a las mujeres. El reconocimiento del derecho a protección internacional centrado en los casos en los que las vulneraciones se dan en el espacio público y por parte de un agente estatal, relega a un segundo plano muchas de las causas de las que huyen las mujeres, consideradas como «domésticas» o «culturales». Por otro lado, la vinculación de la residencia temporal al contrato laboral no tiene en cuenta los trabajos de cuidado a los que muchas veces pueden acceder las mujeres migradas. En términos de las violencias en el tránsito, se presentaron casos sobre la realidad que prevalece en Italia, Grecia, Alemania, Marruecos y el Estado español. Se evidenció el continuum de violencias que sufren las mujeres migrantes y refugiadas en sus países de origen, en el tránsito hacia las fronteras europeas y una vez establecidas en los países europeos, a través de sus trabajos, a menudo invisibilizados en los hogares o en los campos agrícolas, y en su acceso a salud o a la vivienda y los subministros energéticos. En el Eje también se presentó el caso de las personas LGBTI. Éstas son blanco en los países de origen de homicidios, violencia sexual y de género, tortura y detenciones arbitrarias. En el tránsito, son víctimas de todo tipo de violaciones de derechos y una vez dentro de las fronteras europeas, no se despliega un marco adaptado que pueda asegurar su protección.

El Eje de Menores y Jóvenes fue introducido por Raquel Prado, y los casos fueron presentados por el Espacio del Inmigrante y el Centro Filipino de Barcelona. Se destacó la situación de desamparo que sufren las personas menores de 18 años, a pesar de que están protegidas por más de cien normas de derecho internacional, de las cuales la UE y sus Estados miembros han firmado y ratificado casi la totalidad. En particular se destaca la Convención de Derechos del Niño y la Niña. Las personas menores migrantes viajan no acompañadas, o bien son separadas en el tránsito hacia las fronteras europeas. Muchas desaparecen, víctimas de tráfico de personas, de prostitución, explotación, esclavitud, sin que los Estados asuman sus responsabilidades de buscarlas. Se denunció que los Estados tampoco aseguran el accesoa una vida digna y plena para las personas jóvenes que cumplen la mayoría de edad, en igualdad de condiciones respecto al resto de jóvenes.

El Eje de Frontera Sur fue presentado por Bru Aguiló de Fotomovimiento, y los casos fueron preparados por: NOVACT, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Alianza por la Solidaridad, Observatori DESC, Fotomovimiento, Collectif Des Femmes Migrantes Au Maroc COFMIMA, Women’s Link, SOS Racisme, Centre Delàs, Tanquem els CIEs, Alianza por la Solidaridad, APDHA, Women’s Link, IRIDIA, ELIN. La presentación del Eje se enmarcó como un Espacio de “No Derecho”, en el cual prevalecen: expolio, colonización, neocolonización, imperialismo y neoimperialismo, así como un profundo racismo institucional. Se transitó desde los espacios de no-derecho que aparecen antes de cruzar las fronteras y, pasando por ellas, se llegó a los espacios de no-derecho que se construyen alrededor de la persona migrada en nuestras ciudades a través del racismo institucional. Se empezó destacando las devastadoras cifras de las llegadas: Si se toma como marco temporal comparativo del 1 de enero al 10 de junio del 2017, y se compara con el mismo período de tiempo del presente 2018, observa que las llegadas se multiplicaron por dos, alcanzando la cifra de 9315 en 2018 y las muertes y desapariciones se multiplicaron por cuatro. En el conjunto del Mar Mediterráneo, más de 14.000 personas murieron o desaparecieron desde 2014. Mediante las rutas mediterráneas en general, se estima que llegaron a territorio europeo más de 42.000 personas, y que únicamente en 2017, 10.000 fueron devueltas a Libia. En los casos y testimonios presentados se destacó la violación de derechos en Marruecos, en las fronteras marítimas y la valla (por ejemplo mediante el caso de Tarajal, el de las mujeres de isla del Mar o testimonios directos), se denunciaron una serie de prácticas por parte de los agentes del Estado Español que llevaron a 15 personas muertas el pasado 6 de febrero de 2014. Se extendieron esas denuncias a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) que, junto con las redadas de perfil étnico o las trabas burocráticas para conseguir la regularización, contribuyen a mantener a las personas migradas en una posición de vulnerabilidad que facilita su explotación laboral y su silencio. Por otra parte, se denunció cómo uno de los pilares de la arquitectura que asegura la impunidad en la violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas se ubica en la externalización a actores privados, muchos de estos siendo empresas transnacionales. En ese sentido, se destacó el negocio que realizan empresas activas en el ámbito militar y de la seguridad, y se ilustro en concreto el caso de INDRA. En este caso se evidenció la co-responsabilidad del gobierno español, que dispone de 18,7% de las acciones de la empresa. INDRA fue denunciada por haber construido la tercera valla en la frontera de Melilla, por la producción de equipo militar usado por Arabia Saudita en Yemen, y por haber influido, con otras empresas del sector, en que la respuesta de la Unión Europea y del Gobierno español a la «crisis migratoria» sea eminentemente militarizada.

Las organizaciones de personas migrantes tuvieron un rol central en la Audiencia. No sólo en el reconocimiento de las vulneraciones y opresiones que sufren sino también en términos de las resistencias generadas ante tales vulneraciones. Esto se hizo evidente bajo la forma de narrativas diversas y acciones auto-organizadas, que van de la revindicación de sus derechos, como las organizaciones de trabajadoras del hogar y de los cuidados (Waling-Waling, Mujeres migrantes diversas), a la denuncia y el apoyo mútuo de las situaciones que vulneran incluso la legalidad (Women in Exile). Además, cabe resaltar la importancia de las alternativas económicas propuestas desde el asociacionismo y cooperativismo del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, que recientemente ha lanzado su «antimarca» de ropa «Top Manta», o la propuesta de MELISSA-Greece, conformada por mujeres de más de 45 nacionalidades que dan solución a menores no acompañados/as, entre otras cosas. Una de las principales contribuciones de la Sesión del TPP radica en contribuir a la visibilización del aporte social que esas resistencias generan, entretejidas con las luchas sociales tradicionales. En ese sentido, la representante de Waling Waling decía «nuestra campaña transnacional por nuestros derechos laborales es una de nuestras grandes contribuciones a esta era del sindicalismo de Gran Bretaña».

Tras una atenta escucha de las historias de vida durante dos días, y recogiendo las principales ideas de los testimonios, las Juezas del Tribunal expresaron su profundo reconocimiento por la valentía, contundencia y precisión de las personas y organizaciones que presentaron los casos. Afirmaron que en las fronteras europeas se están cometiendo crímenes contra la humanidad, y que los responsables son tanto la Unión Europea como los Estados Miembros.

Patricia Orejudo observó “hemos escuchado numerosas historias de vida plagadas de violencias, brutalidad y negación de derechos. Lo común a todas ellas es que han sido producidas por la ubicación forzosa de estas personas en Espacios de No-Derecho. La primera causa de estos espacios es que el propio Derecho discrimina y desposee de derechos”. Señaló también que se crea “No Derecho” por la falta de visibilidad de las necesidades y particularidades de todas las personas. Tras su supuesta neutralidad, hay una configuración andocéntrica que dificulta el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres, niñas, y del colectivo LGBT. “La Ley de Extranjería es androcéntrica, cuando ignora la especificidad del trabajo doméstico o de cuidados, ejercido fundamentalmente por mujeres y en un porcentaje importante, mujeres migrantes”. Por tanto, se requieren conceptos flexibles que palien la inter-seccionalidad de la discriminación. Subrayó también que los Espacios de “No Derecho” se generan cuando las leyes no son aplicadas y que se abren espacios de impunidad y negación de la justicia. Finalmente, observó que la conformación de estos espacios es la antesala para más zonas de “No Derecho”, y que si no se remedia esto, los recortes de derechos se extenderán a todas las personas.

Laia Serra consideró al Tribunal Permanente de los Pueblos como una herramienta de reconocimiento de las vulneraciones, de visibilización de patrones sistemáticos de violencias, de creación de nuevas categorías políticas y jurídicas y de oportunidad de denuncia, de reparación simbólica, a la vez que espacio de encuentro para tejer alianzas. Destacó lo oportuno de la Audiencia en términos de rebasar el debate entre lo legal y lo legítimo, la legalidad versus la justicia. Observó también cómo la frontera se ha convertido en un concepto basado en la segregación, que legitima el mantenimiento de privilegios, una suerte de “nuevo Apartheid”, donde se enfrenta a las personas que tienen ciudadanía y a las que no la tienen. Señaló que prevalece una “invisibilización de que la riqueza y el estado de bienestar europeo están construidos sobre la explotación, expolio y la violencia hacia otros pueblos”, en el marco de una Deuda Histórica, en la cual Europa tiene “responsabilidad por el exterminio de Pueblos y culturas, y la depredación de sus recursos”. Afirmó también que en la base de las políticas migratorias actuales se encuentra el modelo económico capitalista. Se pronunció también sobre el fascismo social, en tanto que “un discurso que banaliza las violencias, reivindica la legitimidad de la amenaza exterior y la necesidad de protección”.

Teresa Almeida destacó la prevalencia actual del fascismo social, que se manifiesta como un régimen, cultura y civilización, donde las nociones de justicia, equidad, universidad y solidaridad pierden todo significado. En este régimen, las relaciones sociales y laborales se encuentran permeadas de segregación, violencia, precariedad e indiferencia y la democracia se vacía de significado, dejando de reconocer a todas las personas como sujetos de derechos. “Lo que se ha reportado aquí, no ha sido únicamente la indiferencia ante la desesperación y la muerte de las personas, sino también el hostigamiento y la criminalización de las personas migrantes y de las que les brindan su apoyo”, señaló. Destacó también que “no solo se permite sino que se alienta a los actores que tienen la capacidad de causar daños a las personas migrantes, en el marco de los acuerdos que se firman con los países en tránsito como Marruecos, Libia y Turquía, y que actúan como porteros que previenen la entrada a Europa de las formas más horribles que nos podamos imaginar”. Valoró también la necesidad de establecer redes de resistencia que contrarresten la militarización y la securitización de la “Europa Fortaleza”, y que puede tomar la forma de establecer espacios como la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, la creación de ciudades-refugio, entre otras.

Bridget Anderson afirmó que “el problema no son las personas migrantes, el problema es Europa”. Destacó que la situación actual de estas personas expone la naturaleza patriarcal y anti-mujeres que existe en Europa. “Los aspectos negativos de Europa se vinculan estrechamente con el capitalismo, no son simplemente malas actitudes, sino más bien dominación, expropiación y negocio, tanto a nivel económico, como social”. Señaló la importancia de las alternativas que desarrollan las personas migrantes en los Espacios de “No Derecho”, convirtiendo a las fronteras en espacios donde se hace política. En ese sentido resaltó la importancia de iniciativas como la del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona y el Centro Elin de recepción de migrantes. Observó también que se debe dejar de considerar a las personas migrantes como víctimas que debemos ayudar, y más bien reconocerlas como agentes de los cuales tenemos mucho por aprender. Recordó que se debe seguir exigiendo a la Comisión Europea la libre circulación de las personas, detener la externalización en la gestión de las fronteras, asegurar vías libres y seguras y canales legales para entrar en Europa, pero que también se debe exigir la redición de cuentas de las empresas transnacionales y de algunos actores humanitarios que colaboran estrechamente con la policía y el ejército. Por otra parte, afirmó que los sindicatos deben ser interpelados, porque reconocen únicamente al trabajo formal, mientras deberían apoyar el desarrollo de nuevas organizaciones de trabajadore/as más inclusivas. Finalmente, recomendó que se conecten los abusos y la explotación de las personas migrantes con los beneficios de las empresas transnacionales.

Marina Forti observó que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en la difusión de una narrativa basada en nociones como la “emergencia” o la “crisis migratoria”, difundiendo frecuentemente estereotipos negativos sobre las personas migrantes y sus organizaciones. Recomendó en ese sentido trabajar sobre un relato alternativo, y el papel que la prensa puede jugar en ese sentido. Destacó que “los discursos de emergencia, crisis e invasión forman parte de una construcción deliberada de la política del miedo y del odio”. “Los derechos fundamentales se pierden en las vallas y fronteras, desaparecen en los campamentos en el tránsito, se hunden en el Mediterráneo”. Finalmente recordó la importancia de las organizaciones de personas migrantes y de la sociedad civil organizada en el restablecimiento de Espacios de Derecho, donde se mantenga viva la solidaridad.

Stasa Zajovic aludió al cierre de la ruta de los Balcanes y la situación de completa vulneración de derechos que se da allá, recogiendo datos sobre las narrativas institucionales de la Unión Europea que que propugnan que estas situaciones se den y que, además, se normalicen.

El Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos, Gianni Tognoni, concluyó que los crímenes contra la humanidad denunciados ante el Tribunal tienen “el agravante de una estrategia de no reconocimiento de los hechos y de la garantía de impunidad para los responsables individuales e institucionales”.

La próxima Audiencia de la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos tendrá lugar en Londres en octubre de 2018 y será sobre la temática del trabajo. La Audiencia final del Tribunal tendrá lugar a inicios del 2019.