Tribunal Permanent dels Pobles (TPP). Sessió 1 juliol 2018

Barcelona, 12 de julio de 2018.- Las seis juezas del TPP denuncian que los responsables de estos crímenes son tanto la Unión Europea como los estados miembros con el agravante de que existe una estrategia de no-reconocimiento de los hechos y de garantía de la impunidad para los responsables individuales e institucionales. Las conclusiones se llevarán a la próxima audiencia del Tribunal que tendrá lugar en Londres en octubre de este año y se centrará en los derechos laborales. Todos los casos y propuestas presentados servirán para preparar las movilizaciones y acciones políticas de cara a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo año.

La Audiencia sobre Espacios de “No Derecho” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) tuvo lugar los días 29, 30 de junio y 1 de julio en Barcelona. La Audiencia, centrada en las violaciones de derechos humanos relacionados con temas de género y diversidad sexual, menores o sucedidos en la Frontera Sur fueron juzgados por 6 expertas de reconocimiento internacional – Bridget Anderson, Laia Serra, Patricia Orejudo, Stasa Zajovic, Teresa Almeida y Marina Forti- y fue presidido por Gianni Tognoni, Secretario General del Tribunal.

Lo más destacado de esta Audiencia ha sido su profunda perspectiva de género y la participación de decenas de colectivos de personas migrantes no sólo como testimonios de las vulneraciones y opresiones que sufren sino también en términos de las resistencias generadas ante tales vulneraciones. Brid Brennan (Transnational Institute) remarcó como las diferentes audiencias han servido de espacio de encuentro entre personas migrantes y refugiadas «que son en sí mismas agentes políticos transnacionales y que nos traen el reto de construir nuevas solidaridades desde dentro de la Europa Fortaleza». Lamine Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona recordó que las personas migrantes tienen muchas más dificultades para cruzar las fronteras que las propias mercancías.Jille Belisario (Transnational Migrant Platform – Europe) resaltó que con la Sesión «se busca avanzar hacia el reconocimiento de la humanidad y de la dignidad las personas migrantes y refugiadas, pero además visibilizar su participación como sujetos de pleno derecho en la elaboración de las alternativas hacia una sociedad más justa». Federico Pacheco (La Vía Campesina) observó que “el discurso que justifica el racismo y el colonialismo es llevado a cabo por todos los países de la Unión Europea, justificando medidas que buscan mecanismos de expulsión más eficaces, mientras Europa viola la ley internacional dejando morir gente en el mar».

Las Juezas, recogiendo las principales ideas de los testimonios, expresaron su profundo reconocimiento por la valentía, contundencia y precisión de las personas y organizaciones que presentaron los casos. El Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos, Gianni Tognoni, concluyó que los crímenes contra la humanidad denunciados ante el Tribunal tienen “el agravante de una estrategia de no reconocimiento de los hechos y de la garantía de impunidad para los responsables individuales e institucionales”.

Entre los ejes de lucha principales se han identificado: el sistema económico, el sistema judicial estatal y europeo, (La Ley española de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana que criminalizan a las personas migrantes) y el derecho paralelo que viola los tratados internacionales y legaliza los crímenes del sistema, el fascismo social y el relato tóxico que desplegan sobre la migración políticos y algunos medios de comunicación. La próxima Audiencia de la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos tendrá lugar en Londres en octubre de 2018 y se centrará en los derechos laborales, y la Sesión del Tribunal culminará en 2019, antes de las elecciones del Parlamento Europeo.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) nace en Boloña para dar continuidad a la experiencia del Tribunal Russell I sobre Vietnam (1966-67), que consiguió introducir la categoría de «Crímenes de Guerra» en la legislación internacional, y del Tribunal Russell II sobre América Latina (1973-76). Se propuso como instrumento permanente de reconocimiento, visibilidad para todos aquellos pueblos víctimas de violaciones de los derechos fundamentales contemplados por la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976). Desde entonces ha desarrollado más de 40 sesiones en diferentes países, dedicadas al neocolonialismo económico, la globalización, la guerra, el genocidio y los crímenes económicos, entre otros. Sus sentencias y recomendaciones han sido muchas veces tomadas como punto de partida tanto por instituciones como por movimientos sociales para cambiar situaciones de vulneración de derechos.

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